MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACI

El pasado viernes día 25, comparecía en rueda de prensa Noemí Pérez Revert, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almansa, para informar sobre la moción que presentan al próximo Pleno del día 28. La cual, insta al Gobierno de España a modificarla Ley Hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos.

Comenzaba explicando a los ciudadanos que en el Pleno de hace un año, se presentaron y aprobaron, mociones relativas a este problema. Mociones, que han caído en saco roto y han quedado en una mera declaración de intenciones, ya que el Equipo de Gobierno no ha cumplido nada de lo que se acordó en dicho pleno. No adhiriéndose a la Oficina del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha.

Noemí, argumento que, las administraciones públicas, empezando por los Ayuntamientos no pueden ser cómplices de este tipo de actuaciones y debemos poner los medios necesarios para que se cumplan los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través, de la colaboración, y no mediante el enfrentamiento.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almansa desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción.

D. Adrián Megías Collado Vice-Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Excmo. Ayuntamiento de Almansa, a los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 y reglamentos que la desarrollan, así como al amparo de lo dispuesto en el ROFRJ y ROM, presenta para su debate y aprobación, si procede, la siguiente:

MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS

El Ayuntamiento debe intervenir en la problemática de los desahucios de forma urgente, con medidas que los impidan en nuestra ciudad. Son una realidad silenciosa que ha provocado la pérdida de su hogar a muchas familias almanseñas, y que sigue amenazando con dejar sin vivienda a otras muchas. Recordando, al tiempo, que la propia CE en su Artículo 47 establece expresamente que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Este derecho, también viene recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales (Art. 7), así como por diversos Tratados Internacionales y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.”

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.

Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda.

Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente

Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aun más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal,

Considerando que, además, este Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida desde noviembre del año 2015, quedándose todo en una mera exposición de buenas palabras.

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Almansa adopta la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.

Cuarto.- Dentro de las medidas municipales enunciadas se procederá a la aprobación de una ordenanza que sancione con multas económicas elevadas a instituciones bancarias, financieras e inmobiliarias de Almansa que tengan pisos vacíos y no faciliten un alquiler social de los mismos.

Proceder así mismo a la aprobación de un Decreto de Alcaldía por el cual el Ayuntamiento de Almansa no trabajará con entidades bancarias que en la actualidad desahucien a familias por causa de pobreza sobrevenida, especialmente con aquellas que hayan sido rescatadas con dinero público.

Sexto.- Instar al Equipo de Gobierno a que se adhiera definitivamente a la oficina del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria de la JCCM

Séptimo.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.